Educación inclusiva, equitativa y de calidad

Educación inclusiva y de calidad

Educación inclusiva, equitativa y de calidad

La educación es un derecho humano fundamental a lo largo de toda la vida, que está a la base del ejercicio de otros derechos, del desarrollo humano, de la inclusión social, la igualdad, el respeto a la diversidad, el respeto irrestricto a los derechos y libertades fundamentales y la sostenibilidad ambiental. La educación es, además, una herramienta de transformación social, dignificación de las personas y de la construcción de una democracia con justicia social.

El derecho a la educación es reconocido en los principales tratados internacionales sobre derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Art. 26 señala que todas las personas tienen derecho a la educación. El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en su Art. 13, amplía este enunciado, al señalar claramente el rol del Estado como garante, así como la gratuidad y obligatoriedad de la educación. Las Conferencias Mundiales sobre Educación para Todos de Jomtien (1990) y Dakar (2000), se enfocaron en el logro de objetivos globales al 2015, enfatizando la reducción del analfabetismo y la supresión de la disparidad de género en el acceso a los sistemas educativos.

En 2015 se aprobó el Marco de Acción Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos y todas (Declaración de Incheon para la Educación 2030), documento que enfatiza el compromiso global con la realización del derecho humano a la educación. Se basa en cuatro principios: el derecho a una educación de calidad y obligatoria, la afirmación de que la educación es una responsabilidad pública, la necesidad de brindar a los adultos y las adultas oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida y la prioridad que debe darse a la igualdad de género.

También en el 2015 se aprobaron los Objetivos de  Desarrollo Sostenible (ODS) para los próximos 15 años. En lo que respecta a la educación, el Objetivo 4 señala el compromiso de "Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos ", entre las metas de este objetivo destacan: asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos; y eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

Aunque el marco normativo nacional no reconoce explícitamente la educación como un derecho humano, los Artículos 13 y 14 de la Constitución Política, reconocen que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. Asimismo, la Ley General de Educación, Nº 28044, señala, en su Art. 3, que el Estado garantiza una educación universal, integral y de calidad. El Proyecto Educativo Nacional 2007-2021, oficializado por el Estado, constituye un avance en la perspectiva del reconocimiento de la educación como derecho humano.

La consideración de la educación como un derecho humano fundamental supone la obligación del Estado de ofrecer un sistema educativo público que sea asequible, accesible, aceptable y adaptable. Sin embargo, el Estado no asigna al sistema educativo el presupuesto necesario. El Perú es uno de los países de la región con la menor inversión per cápita en educación;  la educación escolar no es gratuita, es discriminadora y excluyente, con escasa calidad y pertinencia, poco adaptada a la realidad cultural y a las necesidades reales de niños, niñas y adolescentes.

Si bien la matrícula educativa se ha extendido en los últimos años, particularmente en la educación primaria, la educación inicial y secundaria siguen mostrando un significativo déficit de cobertura. Sigue existiendo una brecha en el acceso a la escuela entre las zonas urbanas y rurales. El acceso y permanencia de niños, niñas y adolescentes en la escuela se ve afectado tanto por la falta de disponibilidad como de accesibilidad de las escuelas, pero también por la baja calidad de la educación pública y su falta de pertinencia, especialmente en el área rural.

Existen grandes brechas entre el área urbana y el área rural en relación a la tasa de culminación de la educación primaria, la tasa de atraso escolar, tasa de asistencia a educación secundaria. Asimismo, la tasa de cobertura neta en primaria, es menor  en niños y niñas con lengua  materna diferente al castellano, sobre todo en la amazonia. El abandono escolar se relaciona, además, con problemáticas como la del embarazo adolescente y el trabajo infantil.

La educación pública en el Perú, sigue la corriente que se pretende imponer desde organismos multilaterales, como el Banco Mundial, o la OCDE, según la cual la calidad se expresa en la eficacia para lograr que niños y niñas obtengan buenos resultados en pruebas estandarizadas, imponiendo prioridades curriculares de acuerdo a lo que piden dichos exámenes.

La calidad tiene que medirse en el marco del cumplimiento del derecho humano a la educación y del propósito que de este principio se desprende. El sistema educativo, además de los logros en matemáticas, comunicación, ciencias y otras áreas del conocimiento, debe orientarse a la promoción de la dignidad humana, el fortalecimiento del respeto de los derechos y las libertades fundamentales, la participación efectiva en una sociedad libre, así como a la promoción de la convivencia democrática. Esto implica un énfasis en la educación en derechos humanos, para la ciudadanía, que reconozca la sexualidad como ámbito de ejercicio de derechos, para la protección del medioambiente, que prepare para el trabajo digno. Una educación orientada hacia la justicia social y ambiental, la democratización de las estructuras de poder, la promoción de la igualdad y de la no discriminación, del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Una buena educación debe considerar que las y los docentes tienen un papel fundamental en el proceso educativo, por lo que debe dar prioridad a su formación y desarrollo profesional continuo, a la mejora de los salarios y condiciones generales de trabajo, así como a dar atención al déficit de infraestructura y de conectividad; la carencia de materiales educativos, sobre todo en áreas rurales y en lenguas maternas diferentes al castellano.

De otro lado, la escuela debe ser un espacio de promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero en la actualidad son poco valorados como sujetos de derechos. Asimismo, la escuela debe tomar en cuenta las necesidades de protección, afecto, entendimiento, participación y libertad, recreación y juego, creación, identidad, de niños, niñas y adolescentes. Muchos y muchas docentes emplean el castigo físico como forma de ejercer la autoridad e imponer disciplina. Se presentan o se detectan situaciones de abuso sexual frente a las cuales la escuela no está suficientemente preparada para responder, pese a la existencia de una normativa amplia al respecto.

Frente a este panorama, el CESIP se inscribe en la promoción y defensa del derecho humano a la educación, promoviendo la inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes en situación de especial vulnerabilidad, su acceso oportuno, mantenimiento en la escuela y culminación exitosa del proceso educativo, promoviendo a la vez la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje, como componentes sustanciales de este derecho humano.

En las escuelas donde interviene, aporta al desarrollo de una gestión escolar participativa, que incluya activamente a toda la comunidad educativa. Promueve la participación de niñas, niños y adolescentes en el proceso educativo de sus escuelas y, en conjunto con diversos actores de la sociedad civil, vigila las políticas públicas de educación e incide para la existencia de un sistema educativo que garantice la realización del derecho humano a la educación.

Promueve que las escuelas sean amigables, seguras y protectoras, adoptando políticas de protección y mecanismos dirigidos a prevenir y atender las situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial el maltrato, el abuso sexual y el trabajo infantil.

Contribuye a la formación de los y las docentes en servicio y fomenta el intercambio de experiencias para fortalecer las prácticas pedagógicas que mejoran los aprendizajes y aportan a la formación ciudadana de los y las estudiantes, teniendo como soporte las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Considerando la gran diversidad sociocultural existente en nuestro país, promueve el enfoque de Educación Intercultural Bilingüe, es decir, que el proceso de enseñanza-aprendizaje se base en el pluralismo democrático, la aceptación de la diversidad, y el reconocimiento del derecho de niños, niñas y adolescentes a aprender en su propia lengua.

El CESIP se inscribe también en el movimiento de la educación popular que implica la intervención educativa con mujeres adultas, en una perspectiva de empoderamiento y ejercicio ciudadano.