Prevención y erradicación del trabajo infantil

El CESIP entiende por trabajo infantil el que es realizado por niños, niñas y adolescentes por debajo de la edad mínima legal, el trabajo peligroso de adolescentes que se encuentran por encima de la edad mínima, y todas las formas de explotación económica infantil.

El trabajo infantil representa una vulneración del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir adecuadamente estas etapas de sus vidas; una vulneración de su derecho a la salud, seguridad, educación, juego, recreación, socialización, participación, comprometiendo su desarrollo integral. De esta forma, el trabajo infantil se convierte en un factor de reproducción intergeneracional de la pobreza.

Se trata de un fenómeno complejo, que tiene origen en diversos factores, de tipo económico, cultural, social y político. El más conocido es la pobreza e indigencia, producto del ensanchamiento de las desigualdades, precarización del empleo en la población urbana y rural, con la consiguiente insuficiencia de ingresos para atender las necesidades básicas de las familias. Ante esta realidad, niños, niñas y adolescentes tienen que dedicarse a trabajar, la mayor parte de ellos y ellas combinando el trabajo con los estudios escolares, por lo que realizan una doble jornada y se colocan en una situación de permanente riesgo de abandonar el sistema educativo.

Existe aceptación social y permisividad frente al trabajo infantil. Muchos padres y madres de familia, que han trabajado de niños o niñas, consideran el trabajo infantil un hecho normal, esencialmente formativo, que enseña a las personas a ser trabajadoras y responsables. En la zona rural es altamente valorado que niños y niñas participen en las actividades económicas agrícolas y de pastoreo. En muchos casos se considera que el  trabajo es una actividad preventiva y de contención de la niñez y adolescencia pobre, ante la posibilidad que “se desvíen” hacia actividades infractoras, pandillaje o consumo de drogas.

Otros factores que facilitan el ingreso al trabajo infantil son: la omisión del cumplimiento de la normatividad internacional y nacional, así como de la protección de la infancia en situación de vulnerabilidad; la inexistencia de una demanda social o movilización pública y ciudadana para exigir el respeto, garantía y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes; la mala calidad de la educación pública, su falta de pertinencia, que hace a la escuela poco atractiva, desalienta a padres, madres y a los propios niños, niñas y adolescentes, que ven más rentable trabajar; la existencia de demanda de mano de obra infantil para algunos trabajos como labores domésticas o en el sector informal; las relaciones laborales a destajo, que llevan a muchas familias a incorporar a sus hijos e hijas en éstas; la debilidad del sistema de protección social, que lleva a que, ante las situaciones de crisis familiar, como el abandono, enfermedad o muerte de uno de los padres, sean los niños, niñas y adolescentes quienes tienen que afrontar el sostenimiento de sus familias, particularmente cuando se trata de familias numerosas; el descuido de responsabilidades parentales, entre otras.

Otro factor que lleva a los y las adolescentes a trabajar es la necesidad de sentirse incluidos e incluidas en sus grupos sociales.  Los y las adolescentes trabajan también para comprarse no solo ropa y zapatillas de “marca”, sino además equipos electrónicos y celulares de última generación porque ello les da cierto estatus y aceptación en sus grupos de referencia, situaciones claramente impulsadas por la sociedad de consumo.

Según cifras oficiales, al 2015, la tasa de ocupación de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años era de 26.4% (1’939,300 niños, niñas y adolescentes). El Perú continúa siendo uno de los países con más alta tasa de trabajo infantil en Latinoamérica, más que triplicando el promedio regional, que es de 8%.

La participación de niños, niñas y adolescentes en actividades económicas es un fenómeno más rural que urbano. Por grupo de edad, la tasa de ocupación de los y las adolescentes de 14 a 17 años es mayor que la de niños y niñas de 5 a 13 años, pero en valor absoluto hay más niños y niñas menores de 14 años trabajando. Por sexo, los hombres muestran una tasa de participación mayor respecto a las mujeres, aunque hay que señalar que el trabajo de estas últimas es invisibilizado, existiendo más niñas y adolescentes mujeres trabajando que las que son registradas oficialmente.

Según cifras oficiales, un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes realiza trabajos peligrosos, por su naturaleza o por sus condiciones. Entre los trabajos peligrosos están la minería artesanal de oro y otros minerales; elaboración artesanal de ladrillos; “picapedreo”; recolección y selección de residuos o “reciclaje”; cobrador en transporte público y manejo de moto taxis; comercio informal y otras actividades en la calle; estiba y carga manual de bultos en mercados; trabajo agrícola y pastoreo; trabajo en cementerios; entre otros.

Un lugar importante ocupa el trabajo infantil en el trabajo doméstico en hogares de terceros, sobre todo “cama adentro”, actividad en la que es común que se cometa una serie de vulneraciones a los derechos de las niñas y adolescentes. El hecho de que el centro laboral sea el hogar de los empleadores, un espacio privado, no permite realizar inspecciones y verificar la situación de las de las niñas y adolescentes, abriendo las puertas a diversas formas de explotación y abusos. Las actividades domésticas que se les encarga representan situaciones de riesgo, sobre todo para las niñas más pequeñas –considerando su edad, madurez y desarrollo físico– como el cuidado de otros niños y niñas o de personas adultas mayores; manejo de químicos y otras sustancias tóxicas utilizadas en la limpieza del hogar; cargar objetos pesados, la limpieza de muebles y ventanas en altura; la cocina y lavandería que implica su exposición a altas temperaturas, riesgos de quemaduras, accidentes; entre otros. Asimismo, están expuestas a abusos verbales, físicos o sexuales que son difíciles de prevenir, detectar y denunciar debido a la privacidad propia del ámbito doméstico.

En el Perú existe una amplia normativa relativa a trabajo infantil. Los principales instrumentos internacionales ratificados por el Estado peruano son:

  • La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989, que en su Art. 32 dispone que los Estados parte reconocen el derecho de los niños, niñas y adolescentes a estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud. Está complementada por tres protocolos facultativos:
    • Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, de 2000
    • Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados, de 2002
    • Protocolo facultativo relativo al procedimiento de comunicaciones, de 2012
  • El Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales – PIDESC, de 1966, impone a los Estados parte el deber de proteger a los niños, niñas y adolescentes contra la explotación económica y social; asimismo, indica que los trabajos que sean nocivos para su salud, que ponen en peligro su vida o perjudican su desarrollo normal, deben ser sancionados por ley.
  • El Convenio de la OIT sobre la Edad Mínima (Convenio núm. 138) y Recomendación 146, de 1973, que obliga en su Art. 1 a seguir una política nacional que asegure la erradicación efectiva del trabajo de los niños, niñas y adolescentes, y eleve de manera progresiva la admisión al empleo.
  • El Convenio de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (Convenio núm. 182) y Recomendación 190, que señala en el Art. 1 que todo Estado miembro debe tomar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
  • La Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030, aprobada oficialmente en Nueva York, en la Cumbre de Desarrollo Sostenible (setiembre de 2015) de la Asamblea General de la ONU.  La meta 8.7 del Objetivo 8, referido al trabajo decente y crecimiento económico, establece que los Estados firmantes deben: Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

Entre las principales normas nacionales están:

  • La Constitución Política del Perú, que establece la defensa a la persona humana y el respeto a su dignidad, en el  Art. 23 señala que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado el cual protege especialmente al menor de edad.
  • El Código de los Niños y Adolescentes (CNA), Ley Nº 27337, y normas complementarias y modificatorias. EL Código diferencia niños (entre la concepción y los 12 años de edad) y adolescentes (desde cumplidos los 12 años, hasta alcanzar los 18 años). En el capítulo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce el derecho del adolescente a trabajar, siempre y cuando no exista explotación económica y su actividad laboral no implique riesgo o peligro, afecte su proceso educativo o sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. El capítulo Régimen para el Adolescente Trabajador establece la edad mínima para trabajar por modalidades de trabajo y actividades; el ámbito de aplicación; autorización de trabajo, requisitos y su registro; jornadas de trabajo; trabajo nocturno; trabajos prohibidos; remuneración facilidades para compatibilizar el trabajo y la asistencia escolar; entre otros. Otros artículos se refieren a programas de empleo municipal y programas de capacitación y orientación vocacional impulsados por los municipios y el MTPE. Establece que el MIMP (ex PROMUDEH) es el ente rector Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente; y que las instituciones encargadas de la protección del adolescente trabajador son el MIMP (dicta la política de atención de los adolescentes trabajadores), en coordinación y de manera complementaria con los sectores Trabajo, Salud y Educación y los Gobiernos Regionales y Municipales. En el capítulo referido a Política y Programas de Atención Integral al Niño y el Adolescente, el CNA establece que deben existir programas para niños y adolescentes que trabajan y viven en la calle.
  • Las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, definidas y establecidas por Decreto Supremo N°027-2007–PCM, modificado por el Decreto Supremo N°052-2011-PCM, señala que la prevención y erradicación de las peores formas de trabajo infantil constituyen una política especifica que forma parte de las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento en materia de empleo.
  • El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012–2021, aprobado por Decreto Supremo N°001-2012-MIMP y elevado al rango de Ley en 2015 (Ley 30362, que declara de interés nacional y preferente atención la asignación de Recursos Públicos para garantizar el cumplimiento del PNAIA 2012-2021), incluye como una de sus metas erradicar el trabajo de los niños, niñas y adolescentes por debajo de la edad mínima (Resultado Esperado 6) y la erradicación del trabajo peligroso realizado por adolescentes aun dentro de la edad legal permitida (Resultado Esperado 8).
  • La Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (ENPETI) 2012–2021, aprobada por Decreto Supremo N°015-2012-TR, tiene como marco el PNAIA 2012-2021 y las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento. Es la estrategia del Estado para prevenir, erradicar el trabajo infantil y proteger a niños, niñas y adolescentes, de manera intersectorial, con la participación de instituciones públicas y privadas. La ENPETI se estructura sobre seis ejes estratégicos con un enfoque multisectorial y multinivel; mientras que la identificación de víctimas y la generación de información y conocimientos se integran en un eje transversal a los otros ejes estratégicos: 1: Pobreza; 2: Educación y uso del tiempo libre; 3: Tolerancia Social; 4: Condiciones de trabajo; 5: Protección; y 6: Información y conocimiento.

Las referencias anteriores muestran un marco normativo extenso, pero que se cumple poco o no se cumple, razón por la que el Comité de Derechos del Niño de la ONU, desde 2006 ha hecho Recomendaciones al Perú sobre trabajo infantil, en las que muestra su preocupación por que la prevalencia del trabajo infantil sigue siendo extensa, o porque las medidas adoptadas para hacer frente al trabajo infantil doméstico han sido insuficientes.

El CESIP interviene frente a la problemática del trabajo infantil, teniendo como perspectiva su prevención y erradicación, con un enfoque de derechos sustentado en la doctrina de la protección integral.

Los sujetos prioritarios de la intervención del CESIP son los niños, niñas y adolescentes, y junto con ellos y ellas sus familias, escuelas y comunidades, como espacios en los que se desenvuelven y socializan y por tanto inciden directamente en su desarrollo. La intervención se articula con acciones de incidencia local, regional y nacional.

Las estrategias específicas del CESIP parten del reconocimiento de los múltiples factores que están a la base de esta problemática, confiriéndole una perspectiva de integralidad. Se diseñan y validan propuestas de intervención orientadas a la restitución de los derechos afectados por el trabajo infantil, en especial educación, salud, recreación, participación y protección, previniendo y reduciendo la participación de niños y niñas en actividades laborales por debajo de la edad mínima legal y protegiendo a los y las adolescentes de la realización de trabajos peligrosos y de todas las formas de explotación económica.

El CESIP desarrolla procesos de información, sensibilización y movilización comunitaria, a partir de la elaboración de diagnósticos situacionales y estudios sobre las características específicas de la problemática. Construye o contribuye a la implementación de espacios socio-afectivos, de socialización y atención a niños, niñas y adolescentes. Desarrolla acciones de fortalecimiento de sus capacidades personales y habilidades sociales, y de su proceso educativo, contribuyendo al acceso, permanencia y culminación exitosa de la educación. Promueve mecanismos comunitarios de protección; acciones de prevención y protección de la salud, promoviendo su acceso a los servicios públicos. Contribuye al fortalecimiento de las capacidades de protección de los padres y madres de familia, promoviendo espacios de reflexión e intercambio de experiencias entre ellos y ellas. Contribuye a la mejora de las condiciones de protección trabajando con los sistemas locales de atención integral y contribuyendo a la articulación de los servicios.

En el caso específico de las niñas y adolescentes que realizan trabajo doméstico en hogares de terceros, la intervención del CESIP busca sensibilizar a la sociedad, autoridades, servidoras y servidores públicos, familias empleadoras, entre otros sujetos, sobre la vulneración que representa el empleo de niñas en el trabajo doméstico, sobre los derechos de las adolescentes que realizan este trabajo y la creación de condiciones para su cumplimiento. En casos de clara vulneración de derechos se promueve el retiro de niñas y adolescentes del trabajo doméstico, buscando que las instituciones públicas de protección cumplan con sus obligaciones. Junto con esto, el CESIP realiza acciones que se orientan al desarrollo de capacidades de las adolescentes para su empoderamiento, el ejercicio de sus derechos y el autocuidado, y promueve el fortalecimiento de sus planes de vida futura creando oportunidades de capacitación para la mejora de sus condiciones de empleabilidad y el cambio laboral. En el aspecto preventivo, en el área rural, busca sensibilizar a las familias de origen y generar mecanismos comunitarios para prevenir la migración de niñas y adolescentes al trabajo doméstico en la ciudad.

El CESIP sistematiza sus experiencias y difunde sus buenas prácticas, para enriquecer su modelo de intervención, promover su conocimiento y réplica, así como para realizar procesos de incidencia en políticas públicas. Para esto último, contribuye, además, a la generación y sostenibilidad de espacios de articulación de la sociedad civil, y participa en espacios consultivos multisectoriales.