Incorporación de los enfoques de Género y de Niñez y Adolescencia en la Gestión Pública

 Incorporación de los enfoques de género y de niñez y adolescencia en la gestión pública

La gestión pública es una función que se realiza desde el Estado para el diseño y desarrollo de políticas de gobierno y de Estado que respondan a los intereses colectivos, en el marco de una visión de desarrollo compartida por los miembros de una comunidad.

La gestión pública se canaliza a través del diseño, concertación y aplicación de políticas públicas, acciones ejecutadas con recursos del Estado, que deben tener un impacto positivo en el ámbito colectivo, en función de un plan de desarrollo que encarne las expectativas de la población.

El proceso de la gestión pública debe estar al servicio de las personas desde una perspectiva de sus intervenciones como la puesta en práctica de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.  Para que esto sea realidad es necesario reconocer la existencia de diferencias y requerimientos específicos en el contexto de la igualdad.  Hombres y mujeres son diferentes y han tenido y aún mantienen diferentes posiciones en la sociedad; alcanzar la igualdad implica atender de manera diferenciada no sólo los requerimientos correspondientes a la diferencia sexual sino también las brechas que la diferencia social ha generado.  Los niños, niñas y adolescentes son diferentes entre sí y diferentes a las y los adultos, su atención también demanda servicios que puedan analizar las problemáticas y realidades de forma diferenciada. Adicionalmente, no existe una mujer adulta, un niño, una niña, un o una adolescente; existen diversidad de ellos y ellas respondiendo a su entorno social, cultural e histórico.  Es por esto que una gestión pública centrada en sus ciudadanos y ciudadanas debe incorporar los enfoques (maneras de analizar una realidad) y herramientas que le permitan  identificar y responder a las características y requerimientos específicos.

El enfoque de género es reconocido en diversos tratados internacionales, destacando por su relevancia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su respectivo Protocolo Facultativo; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW (1979) y su Protocolo Facultativo; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención Belém Do Pará; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia organizada Trasnacional, incluyendo sus dos Protocolos Adicionales: Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños y el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo - OIT: Convenio 100 sobre la igualdad de remuneración, 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 122 sobre la política del empleo y 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. En el 2015 durante la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye la igualdad de género en el 5º Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS).

CESIP entiende por Enfoque de Niñez y Adolescencia, una forma de analizar la realidad y de tomar decisiones partiendo de las características concretas de niños, niñas y adolescentes, en el marco de su interés superior y la prevalencia de sus  derechos. Un concepto fundamental en este enfoque es el de Protección integral, que parte del reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos y de la calidad de garante del Estado en el reconocimiento, la realización y la protección de los mismos, en corresponsabilidad con las familias y el conjunto de la sociedad.

El interés superior del niño y sus derechos específicos son reconocidos formalmente en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y en la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la supervivencia, protección y desarrollo del niño (1990).

Ambos enfoques se encuentran en el marco normativo nacional: el Código de los Niños y Adolescentes Ley Nº 27337 del 8 de agosto de 2000 basado en la doctrina de protección integral, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 – 2021 (PNAIA 2021) que orienta la acción del Estado y de la sociedad civil hacia el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes peruanos, el Plan Nacional de Igualdad de Género PLANIG 2012-2017 que se enmarca en la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres - Ley 28983 del 16 de marzo de 2007, cuyo objetivo es la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas de los tres niveles de gobierno del  Estado Peruano.

Sin embargo, en el actual funcionamiento de las instituciones estatales, en todos los niveles, persisten prácticas de gestión que contravienen los enfoques de desarrollo humano, ciudadanía y equidad. Estas prácticas están basadas en el ejercicio arbitrario del poder, poca transparencia en la rendición de cuentas, clientelaje, malversación de fondos, escasa inversión en políticas sociales y programas de desarrollo social. Asimismo, existe resistencia para el funcionamiento activo de las instancias de participación  plural y/ o vigilancia ciudadana.

El poder legislativo, las autoridades, funcionarios y funcionarias, en su gran mayoría, suelen tener una ideología sexista y adultista que invisibiliza las desigualdades de género y generacionales y la problemática específica de las mujeres y la de los niños, niñas y adolescentes.  El diseño y la aplicación de políticas, programas, proyectos y mecanismos orientados al desarrollo local no contemplan las características, intereses y necesidades de estos sectores de la población, a pesar de los acuerdos internacionales y legislación nacional que obligan a su incorporación.

A esto se suma la debilidad institucional en las instancias encargadas de hacer cumplir la transversalización de género y de niñez y adolescencia; en ambos casos esta responsabilidad está en direcciones nacionales.

Esta situación exige cambios a nivel de la cultura institucional que amplíen la visión de desarrollo incorporando el enfoque de derechos humanos y los enfoques específicos de género y niñez y adolescencia.  A partir de la institucionalización de estos enfoques, basada en instrumentos internacionales aprobados por el Estado Peruano, tanto el gobierno nacional como los gobiernos regionales y locales adquieren responsabilidades precisas y permanentes en el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de las mujeres adultas.

En la medida que los cambios culturales son procesos “de fondo” y se construyen a mediano y largo plazo, se requiere invertir esfuerzos sostenidos en la sensibilización y desarrollo de capacidades sobre los mencionados enfoques, posteriormente en incidencia política y acompañamiento para su aplicación en acciones concretas.

Asimismo, se requiere empoderar a ciudadanos y ciudadanas para desarrollar una consistente labor de incidencia y vigilancia con respecto a la aplicación  efectiva de políticas orientadas a la disminución de las brechas de género y a la protección y cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En el país se han desarrollado iniciativas promovidas por ONG, incluido el CESIP, que afianzan la gestión pública con la producción de normas, políticas, programas y mecanismos orientados a enfrentar las desigualdades de género y aquellas que se dan respecto a los y las personas menores de edad.  Son logros importantes, pero aún frágiles por la incipiente voluntad política y poca capacidad técnica de autoridades, funcionarios y funcionarias.

Para la implementación de esta línea se requiere desarrollar y fortalecer las capacidades locales de autoridades, funcionarias y funcionarios, líderes de la sociedad civil incorporando el protagonismo de los gobiernos locales y regionales y de actores comprometidos en la creación de nuevos conocimientos que exige la modernización del Estado.  El CESIP desarrolla procesos formativos, cursos presenciales y a distancia, diplomados y otros.  Asimismo, promueve normas diversas como leyes, ordenanzas, resoluciones, directivas y mecanismos; promueve planes, programas y proyectos de inversión pública;  organiza y moviliza a las mujeres adultas en torno a agendas de género así como a niños, niñas y adolescentes en relación a sus propias demandas e intereses; realiza también incidencia política y vigilancia social de las políticas públicas.

El desarrollo de intervenciones destinadas a favorecer la incorporación de los enfoques de género y de niñez y adolescencia en la gestión pública, considera como agentes centrales en estos procesos a niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas y sus organizaciones; igualmente al poder legislativo, al gobierno nacional, regionales, locales y sectores claves del Estado como Educación, Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asimismo, se toma en cuenta a instituciones de la sociedad civil (ONG, mesas de trabajo, colectivos, organizaciones sociales de base y colegios profesionales), universidades nacionales y locales empeñadas en el desarrollo de competencias y que cuentan con programas de especialización en los enfoques señalados, así como organismos de cooperación internacional que apoyan iniciativas vinculadas a este tema.