Vida libre de violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas

Para el CESIP una vida libre de violencia es una vida en la que: cada persona es reconocida y valorada en sus características específicas y en las que comparte con otros y otras; todos y todas tienen derecho a expresar con libertad sus puntos de vista, opiniones y preferencias y encuentran formas de satisfacerlas, consensuarlas o negociarlas sin presiones ni exclusiones; todos y todas pueden encontrar una respuesta empática y un marco de referencia y aceptación para sus necesidades físicas, afectivas y sociales; los conflictos se abordan y resuelven desde el respeto mutuo, la aceptación de las diferencias y la búsqueda de respuestas que satisfagan a todos y todas.

La caracterización anterior es lo que en CESIP se denomina relaciones de Buen Trato: generación de las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo pleno de las capacidades y potencialidades que cada ser humano.

Este tipo de interacción se basa en el principio del reconocimiento del otro u otra en la relación como pilar fundamental para la interacción cotidiana. El reconocimiento implica aceptar a ese otro u otra como un interlocutor válido, con capacidad e intención comunicativa que se pone en acción en la relación. Dar espacio a este tipo de interacción supone un contexto de empatía, comunicación efectiva y adecuado ejercicio de la jerarquía.

El CESIP entiende la violencia como toda situación en la que se busca o se logra condicionar, limitar o doblegar la voluntad de otra u otras personas para imponer la propia, en relaciones caracterizadas por diferentes niveles de manejo de poder lo cual hace posible que esa situación de imposición se dé.  Esta comprensión de la violencia la evidencia como contraria a la dignidad humana en la medida en que priva a la personas de su libertad y constituye una barrera fundamental para el ejercicio de otros derechos.

La violencia es el resultado de la acción recíproca y compleja de factores individuales, relacionales, sociales, culturales y ambientales. Comprender la forma en que estos factores están vinculados con la violencia es un paso fundamental para prevenirla.

A la base de una relación violenta, necesariamente hay una desigualdad de poder  y un mal uso de esa condición. Por ese motivo, para CESIP la estrategia para abordar esta problemática debe estar dirigida principalmente, a la superación del desequilibrio de poder y/o la existencia de mecanismos que lo mediaticen.  

En nuestra sociedad los principales ejes de desequilibrio de poder son el género y la edad -situación que se expresa dramáticamente en el hecho de que son las mujeres y los niños, niñas y adolescentes las principales víctimas de la violencia- por esta razón, es en relación con estos ejes en donde deben centrarse las acciones dirigidas a la construcción de mecanismos de equilibrio y de control del poder, así como al desarrollo de capacidades individuales y colectivas.

Por otro lado, hay circunstancias sociales que muchas veces favorecen la vulnerabilidad de estos sectores frente a la violencia, se trata de situaciones de pobreza extrema, de conflicto armado y de desastres a consecuencia de fenómenos naturales.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, su condición de dependencia material y afectiva respecto de los adultos les ubica en una posición de desventaja para el ejercicio de su libertad y sus derechos. Aunque generalmente se habla de la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, CESIP considera que es la respuesta inadecuada a sus características y requerimientos por parte de las y los adultos, lo que les coloca en una posición de vulnerabilidad. Esto no niega la importancia fundamental de las experiencias sobre todo en los primeros años de vida, entiende ésta como una característica frente a la cual el mundo adulto debe buscar la mejor manera de responder.

Esta inadecuación de la respuesta adulta  puede condicionar la vulnerabilidad de ellos y ellas frente a diversas situaciones de violencia  en todos los ámbitos en que transcurre su vida.  Niños, niñas y adolescentes están expuestos y expuestas a situaciones de violencia sexual, así como de maltrato físico y psicológico; estas últimas muchas se toman como formas aceptadas de crianza y disciplina.

En lo que se refiere a la violencia ejercida contra las mujeres, ésta se sustenta en relaciones y estereotipos de género que las ubican en una posición social de desventaja y de vulnerabilidad y en donde la violencia es ejercida como instrumento de control que impide el ejercicio pleno de sus derechos como persona y se dirige a mantener su situación de marginación.

Las formas de expresión de la violencia son diversas; para fines de su mejor comprensión y abordaje se han clasificado en cuatro formas básicas: física, psicológica, sexual y la negligencia. Estas formas de violencia se dan  en los ámbitos en los que los niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas viven y se desarrollan, con especial presencia al interior de las propias familias y otros espacios en los que ellos y ellas conviven cotidianamente como la escuela, el lugar de trabajo y la comunidad. Igualmente, estas diversas expresiones de violencia se pueden dar entre distintos actores: en la pareja o entre los miembros de una pareja que terminó; de padres o madres a hijos e hijas; desde ellos y ellas hacia sus padres o madres; entre grupos y entre pares.

Diversas investigaciones han demostrado que la violencia a la que se ven sometidos niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas en el mundo es un fenómeno complejo, de magnitud imposible de calcular con precisión -por su capacidad para “normalizarse” en las relaciones humanas- y de consecuencias siempre negativas en los diferentes niveles de la vida individual y el desarrollo social.  La gravedad del problema, su condición de limitante central para el real ejercicio de derechos, el hecho de que es posible actuar para transformar las condiciones que promueven la violencia, comprometen y convocan en esa tarea a todos los actores sociales.

La violencia tiene graves consecuencias a nivel individual, en las familias y en las comunidades, así como un elevado costo económico producto de los recursos que se destinan a la atención de casos y/o que se pierden como resultado de la situación de incapacidad en la que quedan quienes son víctimas de la violencia.  

Durante la última década, el registro de las diversas formas de violencia contra las mujeres adultas y los niños, niñas y adolescentes, en el Programa Nacional contra la violencia del MIMP, se ha incrementado casi hasta duplicarse; esto puede estar reflejando una mayor conciencia y capacidad de denuncia respecto al problema y puede también estar expresando un real incremento de la problemática.  Lo que las cifras muestran es que la distribución en relación con el sexo de las víctimas se ha mantenido en un promedio de 85% para las víctimas mujeres frente a un 15% para las víctimas hombres, considerando todas las edades.  El incremento parece estar concentrado en el registro de la violencia contra las y los menores de edad, especialmente las mujeres, ya que el porcentaje de víctimas de estas edades se ha duplicado en los últimos diez años y el de víctimas mujeres adultas ha disminuido en algunos puntos, muy probablemente también porque se empezó a registrar de manera diferenciada el feminicidio, el registro de los cuales también ha tenido un importante aumento en los últimos años.

El marco normativo existente en el país en relación con el problema de la violencia es amplio y en los últimos años ha mejorado.  En el caso de los niños, niñas y adolescentes la primera norma internacional que menciona la necesidad de su protección frente a toda forma de violencia es la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). En el caso de las mujeres adultas, la normativa internacional es amplia iniciándose formalmente con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer – CEDAW (1979). Recomendaciones generales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres: Recomendación general Núm. 12 (1989), Recomendación general Núm. 19 (1992), Recomendación general Núm. 21 (1994).

La Constitución Política del Perú (1993) señala en sus artículos 1 y 2 la defensa de la persona humana y su derecho fundamental a la integridad moral, psíquica y física. Niños, niñas adolescentes y mujeres adultas tienen un marco de protección en la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (2015). 

En el caso de los y las menores de edad también tienen como marco de protección la Ley N° 27337, Código de los Niños y Adolescentes (2000), la Ley Nº 29719. Ley que promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas (2012), la Ley Nº 30403. Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes (2015), igualmente, el Plan Nacional de Acción por los niños, niñas y adolescentes 2015 - 2021 tiene entre sus objetivos la intervención para prevenir y atender la violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Las mujeres adultas cuentan también con normatividad específica tal como la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017, el Plan Nacional contra la violencia hacia la mujer 2016 – 2021, la Ley General de Salud, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual; Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes.

Como se evidencia ha habido avances para enfrentar la violencia, especialmente la que afecta a las mujeres de todas las edades y una mayor visibilización del feminicidio.

Es también evidente que en el país existen mecanismos e instancias vinculadas a la intervención específica en esta problemática, sin embargo, pese a los esfuerzos realizados se mantienen algunos elementos tanto en la visión de la problemática como en los procesos de intervención, que dificultan una respuesta eficaz.   Hay una tendencia de todo el sistema a centrarse en la respuesta a la violencia y no en su prevención que parece no ser comprendida adecuadamente por parte de autoridades, operadores y población en general. 

La construcción de poder individual y colectivo, que pasa por la participación ciudadana, y la generación de mecanismos que garanticen el respeto y la vigencia de los derechos, es el elemento fundamental para erradicar la violencia. En el caso de las mujeres las estrategias deben centrarse en igualar el poder y en el caso de los niños, niñas y adolescentes, en mediatizarlo.

Esta línea de intervención institucional promueve nuevas formas de relación interpersonal y social y la construcción de nuevas relaciones de poder. 

 

Se busca, de un lado mejorar la condición concreta de determinados grupos específicos de mujeres adultas, niños, niñas y adolescentes respecto a su capacidad para hacer frente a las situaciones de violencia tanto desde sus propios recursos como teniendo un acceso fácil y rápido a aquellas instancias y agentes que les deben brindar protección y apoyo. De otro lado, se trata de validar estrategias de intervención a fin de incrementar las condiciones de protección que el entorno debe ofrecer.

Se desarrollan acciones de incidencia social y política para lograr tanto modificaciones en las relaciones como mecanismos específicos para regular y proteger a las mujeres adultas, niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, de acuerdo a sus características específicas

Se interviene en la formulación de estrategias de intervención comunitaria (categoría que incluye los servicios locales) involucrando a la propia población en el diseño e implementación de las estrategias. La intervención a este nivel se puede considerar como de prioridad para la prevención.

Se ejecutan igualmente acciones de fortalecimiento del sistema público de respuesta a la problemática de la violencia a través de la capacitación de operadores y operadoras, el diseño y validación de estrategias específicas de intervención, la promoción de la estrategia de Red y las acciones de incidencia para la vigencia y mejoramiento de programas y sistemas de promoción de buen trato, de prevención y de intervención restaurativa.

En el caso de niños, niñas y adolescentes, se interviene también en el fortalecimiento del sistema nacional  de atención integral a la infancia y sus instancias locales, con la finalidad de apoyar la necesaria coordinación y definición de lineamientos que permitan un abordaje integral de la problemática de violencia como forma de garantizar un real impacto.

Se vienen desarrollando nuevas experiencias de fortalecimientos de capacidades y de entornos protectores en el caso de niños, niñas y adolescentes como las políticas de protección escolar y la promoción del buen trato en la primera infancia.  

CESIP cuenta con una política interna de protección de niñez y adolescencia y su difusión permanente es una forma de incidir en el cambio de las formas de relación.

CESIP considera también prioritario diseñar estrategias para la atención directa de población infantil y adolescente involucrada en la categoría de ofensora tanto en relación a la violencia entre pares (bullying, pandillas) como a la violencia sexual. 

Entre las estrategias institucionales que se implementan en esta línea, se encuentran el desarrollo de capacidades personales y grupales (información, habilidades personales, organización), el fortalecimiento del sistema público de respuesta a la problemática (incluye la capacitación de operadores y operadoras, el diseño y validación de estrategias específicas de intervención, la promoción de la estrategia de Red) y las acciones de incidencia para la vigencia y mejoramiento de programas y sistemas de promoción de buen trato, de prevención y de intervención restaurativa.