Vigencia de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de Mujeres Adultas y Adolescentes

Vigencia de derechos sexuales y derechos reproductivos de mujeres adultas y adolescentes

Los Derechos Sexuales (DS) y los Derechos Reproductivos (DR) son todas aquellas atribuciones que respaldan el ejercicio libre y autónomo de la sexualidad y la vida reproductiva sin discriminación por razones de edad, sexo, condición social, credo, raza u otros motivos; y sin estar sujetos o sujetas a la coerción o a la violencia.  Se fundamentan en los derechos humanos básicos y constituyen derechos fundamentales que abren una nueva esfera de libertad para las personas.

El ejercicio de los DS y los DR con equidad, demanda capacidad de las personas para poder decidir con libertad sobre sus propios cuerpos (dimensión individual de los derechos) y tener condiciones de justicia para que las diversas decisiones sean respetadas (dimensión social de los derechos), en concordancia a las características  específicas de las y los sujetos de derechos.

La extensión de los DS y los DR hacia los y las adolescentes significa el reconocimiento de las personas como seres sexuados desde su nacimiento. Implica también la responsabilidad de la sociedad adulta por mantener y preservar condiciones de protección que garanticen el mejor y más pleno desarrollo integral de los y las adolescentes con relación a la vivencia de su sexualidad y de su capacidad reproductiva.

En relación a niños y niñas, el CESIP plantea y defiende su derecho a una educación sexual integral lo cual implica que desarrollen conocimientos, capacidades y actitudes que les permitan valorar y asumir su sexualidad, en el marco del ejercicio de sus derechos y de sus responsabilidades para consigo mismos y consigo mismas y con las y los demás, en un contexto de relaciones interpersonales democráticas, equitativas y respetuosas.

Los DS y los DR están respaldados por diferentes Tratados y Convenciones Internacionales entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer-CEDAW (1979), la Convención de Derechos del Niño (1989), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo-CIPD (1994) y el Programa de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995).  A nivel nacional el Tribunal Constitucional Peruano en su sentencia del 25 de abril del 2006, señaló que las obligaciones establecidas en la CEDAW tienen rango constitucional.

Sin embargo la sexualidad y la reproducción como ámbitos de ejercicio de derechos, se mantienen aún en proceso de reconocimiento en nuestro país.

A pesar de que en 2003 -en ocasión del fallo de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de María Mamérita Mestanza vs. Perú sobre esterilización forzada- el Estado Peruano reconoció su responsabilidad y se comprometió a reparar a las víctimas y sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidos en la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990 – 2000, estos compromisos, especialmente el relativo a la sanción penal de los responsables aún permanecen pendientes. En el 2016 la fiscal Marcelita Gutiérrez dispuso el archivamiento de la denuncia penal por el caso de esterilizaciones forzadas indicando que el programa de esterilización fue una política de Estado que no estuvo destinada a vulnerar derechos fundamentales.

En junio del 2014, se aprobó el protocolo para la atención del aborto terapéutico para embarazos menores a 22 semanas; sin embargo existe mucho desconocimiento sobre la aplicación del mismo por parte de las y los profesionales de la salud y de las mujeres adultas en su calidad de usuarias.

Persiste una serie de dificultades que afectan especialmente a las mujeres de toda edad con énfasis en las más pobres: alta prevalencia de violencia sexual, restricción de la posibilidad de optar por el aborto aún en casos de violación, mortalidad materna, alto índice de embarazos adolescentes, restricción de información y servicios de salud sexual y salud reproductiva para adolescentes, problemas de restricción normativa de la AOE, servicios de salud de deficiente calidad, infraestructura y cantidad.  Igualmente, discriminación por orientación sexual homosexual en escuelas, centros de salud, municipalidades y lugares públicos.  

Respecto a las relaciones sexuales entre adolescentes que terminaron siendo penalizadas por un cambio en el Código Penal (2006) referido a estas relaciones con adolescentes en el rango de 14 a 18 años, hubo un largo proceso que culminó en el año 2013 con una sentencia del Tribunal Constitucional (Sentencia N° 00008/2012 PI/TC) que declaró la inconstitucionalidad del mencionado artículo.

Para CESIP es fundamental el reconocimiento de la libertad del ejercicio de la sexualidad para adolescentes en el mencionado rango de edad, sin embargo considera que es también fundamental no dejarles desprotegidas y desprotegidos de posibles situaciones abusivas vinculadas con ese ejercicio. Es por eso necesaria la modificación normativa para que las situaciones en las que el consentimiento puede ser ejercido sin las condiciones que aseguren el ejercicio de la voluntad o el adecuado análisis de la situación, las sanciones correspondan a la gravedad de las acciones, lo cual en el actual panorama normativo no se cumple.  Igualmente, es fundamental fortalecer la educación sexual integral y las acciones de desarrollo de las habilidades y capacidades intra e interpersonales que provean a las y los adolescentes de las condiciones que apoyen un ejercicio positivo de su sexualidad.

 

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son abordados principalmente desde la perspectiva de la salud y, al interior de ésta, se vinculan con la maternidad, lo que contribuye a la definición social del rol reproductor de la mujer como sinónimo de su identidad. 

La entrada al tema desde las instancias oficiales parte prioritariamente desde una mirada de riesgos para la salud. Aun así, los recursos con los que se cuenta para desarrollar las acciones pertinentes son insuficientes. Se evidencia también que el trabajo a nivel de creencias necesita abordarse de forma prioritaria pues para el desarrollo de las acciones preventivas vía la escuela por ejemplo, no siempre se cuenta con el apoyo de las madres y los padres porque lo entienden como una incitación a la actividad sexual para sus hijos e hijas. 

En el país aún se mantiene una ideología conservadora -fundamentalista y moralista-  que actúa reforzando estereotipos de género lo cual no sólo acentúa las brechas e inequidades de género y generacionales sino también interfiere en el ejercicio de una plena ciudadanía.

Esta mirada conservadora y moralista se refleja en las restricciones de la libertad del ejercicio de la sexualidad y las decisiones sobre su capacidad reproductiva, sobre todo para las mujeres; en la re victimización de las mujeres e incluso adolescentes y niñas que son víctimas de violencia sexual y a las se culpabiliza de estos hechos por su forma de vestir, de actuar, de relacionarse; en las profundas actitudes homofóbicas que aún son parte del día a día en el país y que se expresan especialmente en el “bullying” homofóbico en las escuelas en incluso en crímenes de odio homofóbico que no son reconocidos como tales en la legislación. Igualmente, en la persistencia del modelo cultural de la pareja romántica que refuerza el sentido de pertenencia que se da en las relaciones de pareja. 

En simultáneo con estas actitudes, se observa, sobre todo en los últimos años, que las y los adultos y los medios de comunicación promueven la “adultización” sobre todo de las niñas en la forma en que se les viste e incluso maquilla para su participación en determinados eventos, lo cual las sitúa en experiencias que no corresponden a su edad, promoviendo conductas sexistas y estereotipos de lo que es la femineidad y la masculinidad desde la temprana infancia. 

A pesar de lo señalado, en los últimos años se ha observado una  mayor visibilización y respuesta social para la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI. Muestra de ello es que hay ordenanzas locales y regionales que reconocen la prohibición de discriminar por la orientación sexual y la identidad de género. Además, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha elaborado una norma técnica con recomendaciones para la atención integral de casos de violencia familiar y sexual contra personas LGBTI.

En esta línea de intervención, CESIP diseña y ejecuta programas de información y formación con énfasis en el reconocimiento de la sexualidad como ámbito de ejercicio de derechos, el desarrollo de capacidades para el ejercicio responsable y saludable de los mismos y para la vigilancia y exigencia de su cumplimiento.

Aporta al desarrollo de estrategias de abordaje de la temática de la sexualidad adecuadas a los diferentes momentos del proceso evolutivo; con recursos  y apoyo suficiente y adecuado para los y las docentes, padres, madres de familia y comunidad.

 

CESIP interviene con propuestas en la prevención del embarazo adolescente, promoviendo en estas experiencias la participación activa de los y las adolescentes a través de estrategias de educación de pares y de acciones comunitarias de difusión informativa.

Participa en espacios públicos de concertación y de incidencia social y política para la defensa de estos derechos.