Prevención y erradicación del trabajo infantil y protección de adolescentes que trabajan

Prevención y erradicación del trabajo infantil y protección de adolescentes que trabajan

El CESIP entiende por trabajo infantil las actividades económicas realizadas por niños, niñas y adolescentes por debajo de la edad mínima legal, el trabajo peligroso de adolescentes que se encuentran por encima de la edad mínima, y todas las formas de explotación económica de niños, niñas y adolescentes. El trabajo infantil, en todas sus formas, vulnera el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir adecuadamente estas etapas de sus vidas; su derecho a la salud, seguridad, educación, juego, recreación, socialización, participación, comprometiendo su desarrollo integral. De esta forma, el trabajo infantil contribuye a reproducir la pobreza de generación en generación.

El trabajo infantil es un fenómeno complejo, que tiene su origen en factores de tipo económico, cultural, social, histórico y político: el más conocido es la pobreza; existe además aceptación social y permisividad frente al trabajo infantil, sobre todo de muchos padres y madres o familiar encargado del cuidado de la familia, que trabajaron en su niñez y consideran el trabajo  como un hecho normal y esencialmente formativo; la mala calidad y falta de pertinencia de la educación pública; la omisión del cumplimiento de las normas de protección, así como la desatención de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. En muchos casos se le asigna un carácter preventivo, que evita que niños, niñas y adolescentes pobres “se desvíen” hacia la delincuencia, pandillaje o consumo de drogas.

Otros factores que facilitan el trabajo infantil son: la demanda de mano de obra infantil para el trabajo doméstico y en la economía informal; las relaciones laborales a destajo; la debilidad del sistema de protección social, que lleva a que, ante las situaciones de abandono, enfermedad o muerte de uno de los padres, sean los niños, niñas y adolescentes quienes tienen que afrontar el sostenimiento de sus familias; la inexistencia de una demanda social a favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre otras.

Ante esta realidad, niños, niñas y adolescentes tienen que dedicarse a trabajar, la mayor parte combinando el trabajo con los estudios escolares, y con el trabajo doméstico en sus propios hogares, en especial las niñas y adolescentes mujeres, lo que les coloca en una situación de permanente riesgo de abandonar el sistema educativo.

Los y las adolescentes trabajan también para sentirse incluidos e incluidas en sus grupos sociales; quieren comprarse ropa y zapatillas de “marca”, equipos electrónicos y celulares de última generación porque ello les da cierto estatus y aceptación en sus grupos de referencia, situaciones claramente impulsadas por la sociedad de consumo.

El Perú continúa siendo uno de los países con más alta tasa de trabajo infantil en Latinoamérica. A raíz de la pandemia por el COVID-19 ha habido un aumento de esta problemática por incremento de la pobreza.  Esto incluye al trabajo infantil doméstico y modalidades no visibles de trabajo infantil dentro de los propios hogares (tareas de cuidado, trabajos por encargo) y nuevas modalidades y formas de trabajo infantil.

En general puede afirmarse que el trabajo infantil es un fenómeno más rural que urbano, pues 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes que trabaja lo hace en la agricultura. Casi la mitad de niños y niñas en situación de trabajo infantil están por debajo de la edad mínima legal para trabajar (14 años). La tasa de niños y adolescentes hombres es mayor que la de las niñas y adolescentes mujeres, aunque hay que señalar que el trabajo de estas últimas es invisibilizado y en muchos casos no es considerado trabajo, en particular el trabajo doméstico.

Un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes trabaja en actividades peligrosas, por su naturaleza o por sus condiciones; entre éstas agricultura y pastoreo; comercio informal; manufacturas en talleres informales; estiba y carga manual de bultos en mercados; minería artesanal de oro; elaboración artesanal de ladrillos; “picapedreros”[1]; recolección y selección de residuos o “reciclaje”; cobrador en transporte público informal y manejo de moto taxis; diversos trabajos en la calle, como lavado de carros, limpieza de parabrisas o lustrado de zapatos; trabajo en cementerios; y otros.

Un lugar importante lo ocupa el trabajo infantil doméstico en hogares de terceros, sobre todo “cama adentro”, actividad prohibida para personas menores de 18 años, en la que es común que se cometa una serie de vulneraciones a los derechos de las niñas y adolescentes, explotación y abusos. El cuidado de otros niños y niñas o de personas adultas mayores, la limpieza, cocina o lavandería, conllevan riesgos, sobre todo para las niñas más pequeñas, por la exposición a químicos y otras sustancias tóxicas, a altas temperaturas, a cargar objetos pesados, a tareas en altura, a accidentes (quemaduras, cortes y golpes), entre otros. Asimismo, están expuestas a abusos verbales, físicos o sexuales que son difíciles de prevenir, detectar y denunciar debido a la privacidad propia del ámbito doméstico.

Además de la normatividad internacional el Perú tiene un amplio cuerpo normativo relativo a trabajo infantil. Ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el Convenio N° 138 de la OIT sobre la edad mínima para la admisión al empleo y el Convenio N° 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Entre las principales normas nacionales en la materia están el Código de los Niños y Adolescentes, la Política Nacional Multisectorial para niños, niñas y adolescentes, la Relación de trabajos y actividades peligrosas o nocivas para la salud física o moral de las y los adolescentes. Sin embargo, esta normatividad se cumple poco o no se cumple, razón por la que el Comité de Derechos del Niño de la ONU, desde 2006 incluye en las Recomendaciones al Perú, su preocupación por la prevalencia del trabajo infantil, y porque las medidas adoptadas para hacer frente al trabajo infantil doméstico han sido insuficientes. A esto se suma un sistema de protección insuficiente y la carencia de estrategias específicas para determinados ámbitos como la agricultura. Igualmente, el problema del trabajo infantil no es priorizado en los distintos niveles de gobierno (sectores, municipalidades) ni en los servicios y en consecuencia se desconocen las responsabilidades y la legislación aplicable.

El CESIP interviene frente a la problemática del trabajo infantil, teniendo como perspectiva su prevención y erradicación, con un enfoque de derechos sustentado en la doctrina de la protección integral de la niñez y adolescencia.

Los sujetos prioritarios de la intervención son los niños, niñas y adolescentes, sus familias, escuelas y comunidades, espacios en los que se desenvuelven y socializan, así como las instancias de protección. La intervención se articula con acciones de incidencia local, regional y nacional.

Las estrategias específicas de intervención consideran los múltiples factores que están a la base del problema, con una perspectiva de integralidad. El CESIP diseña y valida propuestas orientadas a la restitución de los derechos afectados por el trabajo infantil, en especial educación, salud, recreación, participación y protección, previniendo y reduciendo la participación en actividades laborales de niños y niñas por debajo de la edad mínima y protegiendo a los y las adolescentes de la realización de trabajos peligrosos y de la explotación económica. Desarrolla procesos de información, sensibilización y movilización comunitaria, a partir de la elaboración de diagnósticos específicos. Implementa espacios de socialización y fortalecimiento de capacidades personales y habilidades sociales de niños, niñas y adolescentes y de su proceso educativo; promueve mecanismos comunitarios de protección; contribuye al fortalecimiento de las capacidades de protección de padres y madres o familiar encargado del cuidado de la familia; contribuye a la mejora de las condiciones de protección trabajando con los sistemas locales de atención integral y contribuyendo a la articulación de los servicios.

Realiza acciones de incidencia política, en alianza con redes de sociedad civil a nivel nacional e internacional, como la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, y participa en espacios consultivos, como el Comité Directivo nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil – CPETI.

El CESIP considera que es necesario impulsar la investigación demostrando el impacto del trabajo infantil en la vida adulta a través de estudios longitudinales, sobre las nuevas formas de trabajo infantil y contar con data permanentemente actualizada.

Se considera necesario poner especial atención y desarrollar estrategias específicas sobre niñas y adolescentes mujeres que se encuentran viviendo diversas formas de trabajo infantil, a partir del enfoque de género. En el caso específico del trabajo doméstico en hogares de terceros, el CESIP promueve el retiro de las niñas y las adolescentes, buscando que las instituciones públicas de protección cumplan con sus obligaciones. Realiza acciones de desarrollo de capacidades de las niñas y adolescentes para su empoderamiento, el ejercicio de sus derechos y el autocuidado, y promueve el fortalecimiento de sus planes de vida futura y, en el caso de las adolescentes, el cambio laboral hacia el trabajo en condiciones dignas; emplea estrategias de sensibilización social; capacita a autoridades, servidoras y servidores públicos. En el aspecto preventivo sensibiliza a las familias de origen en el área rural y genera mecanismos comunitarios para prevenir la migración de niñas y adolescentes al trabajo doméstico en la ciudad.

En este período, CESIP considera necesario fortalecer su intervención en la prevención y erradicación de los trabajos peligrosos de niños, niñas y adolescentes, desde los lugares en los que ocurre; igualmente, dar continuidad a su intervención frente al trabajo infantil en la agricultura, abordando la cadena de suministros en el sector rural, así como en actividades productivas urbanas. También es importante promover actividades de capacitación e inserción económica para familiares responsables de niños, niñas y adolescentes que trabajan.

Es imprescindible fortalecer la acción de los garantes de derechos en todos los niveles.  En esa línea es importante intervenir en la difusión y apoyo a la implementación de iniciativas promovidas desde la política pública en territorios, como la intervención en distritos prioritarios en el marco de la II Fase del  Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI); el Modelo municipal de detección y erradicación del trabajo infantil; la descentralización, fortaleciendo los Comités Directivos Regionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil – CDRPETI; y otros.