Vida libre de violencia contra niños, niñas y adolescentes
El CESIP entiende la violencia como toda situación en la que se busca o se logra condicionar, limitar o doblegar la voluntad de otra u otras personas para imponer la propia, en relaciones caracterizadas por diferentes niveles de manejo de poder que lo hacen posible. La violencia atenta contra la dignidad humana y constituye una barrera fundamental para el ejercicio de sus derechos.
Dos de los ejes centrales de desequilibrio de poder en la sociedad son el género y la edad, por lo que las principales víctimas son las mujeres y los niños, niñas y adolescentes.
La condición de dependencia material y/o afectiva de los niños, niñas y adolescentes respecto de las personas adultas les ubica en una posición de desventaja para el ejercicio de su libertad y sus derechos. Aunque generalmente se habla de la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, el CESIP considera que es la respuesta inadecuada a sus características y requerimientos por parte de las personas adultas, lo que les coloca en una posición de vulnerabilidad, exponiéndoles a situaciones de violencia sexual, de maltrato físico y psicológico. Estas últimas muchas veces se toman como formas aceptadas de crianza y disciplina.
La violencia contra las niñas y adolescentes mujeres, así como contra todas aquellas personas que no encajan con las expresiones de género y sexualidad aceptadas socialmente, se sustenta en relaciones y estereotipos de género que les ubica en una posición social de desventaja y de vulnerabilidad; la violencia es ejercida como instrumento de control que impide el ejercicio pleno de sus derechos y se dirige a mantener su situación de marginación.
Adicionalmente, hay circunstancias que potencian la vulnerabilidad de estos sectores poblacionales frente a la violencia, se trata de situaciones de pobreza extrema, de conflicto armado, de desastres a consecuencia de fenómenos naturales y la migración forzada.
La violencia es el resultado de la acción recíproca y compleja de factores individuales, relacionales, sociales y culturales. Comprender la forma en que estos factores están vinculados con la violencia es un paso fundamental para prevenirla.
Las formas de expresión de la violencia son diversas; para fines de su mejor comprensión y abordaje se han clasificado en cuatro formas básicas: física, psicológica, sexual y negligencia. Éstas se dan en los ámbitos en los que los niños, niñas, adolescentes viven y se desarrollan, con especial presencia al interior de las propias familias, la escuela, el lugar de trabajo de los y las adolescentes, la comunidad, y también a través de medios virtuales (Cyber bullying).
La violencia hacia niños, niñas y adolescentes es un fenómeno complejo, imposible de medir con precisión por su capacidad para “normalizarse”. Su gravedad, así como el hecho de que es posible actuar para transformar las condiciones que la promueven, comprometen y convocan a todos los actores sociales.
La violencia tiene graves consecuencias a nivel individual, familiar y comunal, así como un elevado costo económico producto de los recursos que se destinan a la atención de casos y/o que se pierden como resultado de la situación de incapacidad en la que quedan quienes son víctimas de la violencia.
La ocurrencia de la violencia unida a situaciones de vulnerabilidad específicas, como lo fue la pandemia por el COVID-19, así como la condición de trabajo infantil o de ser población migrante, incrementa la gravedad de sus consecuencias. Así, se evidencian serios problemas de socialización y salud mental de niños, niñas y adolescentes; episodios de angustia, depresión, miedo y estrés en ellos y ellas como en sus familias.
Las cifras de las diversas formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes han seguido incrementándose especialmente a partir de la pandemia. Igualmente, las cifras muestran que 85% de las víctimas son mujeres, considerando todas las edades.
El marco normativo existente en el país en relación a la protección de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia es amplio y ha ido mejorando con los años; existen también mecanismos e instancias vinculadas a la intervención específica en esta problemática. Sin embargo, algunos elementos, tanto en la visión de la problemática como en los procesos de intervención, dificultan una respuesta eficaz. Hay una tendencia de todo el sistema a centrarse en la respuesta a la violencia y no en su prevención, que además parece no ser comprendida adecuadamente por autoridades, operadores y población en general.
Así mismo se evidencia falta de cobertura y alcance de los servicios de atención y protección a niños, niñas y adolescentes; así como dificultades para seguir los protocolos establecidos. Es importante también señalar que los y las profesionales de campo no cuentan con soporte de salud mental que es fundamental en estos servicios.
Dado que a la base de una relación violenta necesariamente hay una desigualdad de poder y un mal uso de esa condición, CESIP considera que la estrategia para abordar esta problemática debe estar dirigida principalmente a la superación de este desequilibrio y/o a la existencia de mecanismos que lo mediaticen, desde un enfoque ecosistémico. El elemento fundamental es la construcción de poder individual y colectivo, que pasa por la participación ciudadana y la generación de mecanismos que garanticen el respeto y la vigencia de los derechos.
Asimismo, teniendo en cuenta que los principales ejes de desequilibrio de poder son el género y la edad, es en estos ejes donde deben centrarse las acciones dirigidas a la construcción de mecanismos de equilibrio y de mediatización del poder, así como al desarrollo de capacidades individuales y colectivas. En esta perspectiva, CESIP desarrolla estrategias de empoderamiento de niños, niñas y adolescentes y campañas de sensibilización e incidencia.
El CESIP promueve relaciones de Buen Trato, es decir, nuevas formas de relación interpersonal y social y la construcción de nuevas relaciones de poder. Este tipo de interacción se basa en el principio del reconocimiento y valoración del otro u otra, con sus características específicas, como pilar fundamental para la interacción cotidiana.
El CESIP busca mejorar la condición concreta de niños, niñas y adolescentes respecto a sus capacidades personales y grupales para hacer frente a las situaciones de violencia, tanto desde sus propios recursos como teniendo un acceso fácil y rápido a aquellas instancias y agentes que les deben brindar protección y apoyo. De otro lado, busca validar estrategias de intervención que incrementen las condiciones de protección que el entorno debe ofrecer promoviendo la creación y fortalecimiento de espacios seguros para niños, niñas y adolescentes, así como lugares de apoyo comunitario y profesional para las familias.
Desarrolla acciones de incidencia social y política para lograr modificaciones en las relaciones y mecanismos específicos para regular y proteger a los niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, de acuerdo a sus características específicas.
En el campo preventivo, interviene en la formulación de estrategias de acción comunitaria, que incluyen los servicios locales, involucrando a la propia población en su diseño e implementación.
Ejecuta acciones de fortalecimiento del sistema público de respuesta a la problemática de la violencia a través de la capacitación de operadores y operadoras, el diseño y validación de estrategias específicas de intervención, la promoción de la estrategia de Red y las acciones de incidencia para la vigencia y mejoramiento de programas y sistemas de promoción de buen trato, de prevención y de intervención restaurativa.
Desarrolla estrategias para que todos los adultos que actúan en espacios vinculados a niños, niñas y adolescentes, incluidas las familias y las personas de la comunidad, conozcan y puedan ejecutar acciones de detección y derivación de casos, manejando los protocolos correspondientes y haciendo uso de las rutas de atención existentes.
Interviene también en el fortalecimiento del sistema nacional de atención integral a la niñez y adolescencia y sus instancias locales, con la finalidad de apoyar la necesaria coordinación y definición de lineamientos que permitan un abordaje integral de la problemática de violencia como forma de garantizar un real impacto.
Desarrolla nuevas experiencias de fortalecimiento de capacidades y de entornos protectores, como las políticas de protección escolar y la promoción del buen trato en las escuelas.
Considera prioritario diseñar estrategias para brindar soporte emocional a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, así como estrategias que aporten a la atención de la niñez y adolescencia involucrada en la categoría de ofensora, tanto en relación a la violencia entre pares (bullying, pandillas) como a la violencia sexual.
Igualmente, considera una prioridad desarrollar acciones específicas dirigidas a poblaciones viviendo en condiciones que generan mayor vulnerabilidad: pobreza extrema, trabajo infantil, población migrante.
El CESIP cuenta con políticas de protección de la niñez y adolescencia y su difusión permanente es una forma de incidir en el cambio de las formas de relación tradicionales.