Promoción y protección de derechos en la escuela
La educación es un derecho humano fundamental a lo largo de toda la vida, que está a la base del ejercicio de otros derechos, del desarrollo humano, de la inclusión social, la igualdad, el respeto a la diversidad, el respeto irrestricto a los derechos y libertades fundamentales y la sostenibilidad ambiental. Es una herramienta de transformación social, dignificación de las personas y de la construcción de una democracia con justicia social.
En nuestro país, la educación no está acreditada en la Constitución Política como un derecho humano, por lo que su reconocimiento como tal es una demanda pendiente. La Constitución, en su Art. 13, señala que el Estado solo reconoce y garantiza la libertad de enseñanza, y el derecho de los padres de familia de escoger los centros de educación para sus hijos e hijas, abriendo las puertas a la creciente privatización de la educación. Sin embargo, un avance en la perspectiva del reconocimiento de la educación como un derecho humano, es que la Ley General de Educación, Nº 28044, señala, en su Art. 3, que el Estado garantiza una educación universal, integral y de calidad. Otro avance en mismo sentido es el Proyecto Educativo Nacional al 2036: el reto de la ciudadanía plena, oficializado por el Estado, que pone énfasis en el ejercicio del derecho a la educación y su carácter de bien público.
La consideración de la educación como un derecho humano fundamental supone la obligación del Estado de ofrecer una educación pública transformadora, laica y gratuita para todas y todos, que responda a las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Sin embargo, la educación escolar no es gratuita, es discriminadora y excluyente, tiene escasa calidad y pertinencia, está poco adaptada a la realidad cultural y a las características y necesidades reales de niños, niñas y adolescentes; la escuela es poco accesible o no siempre está disponible en las áreas rurales, todo lo cual genera exclusión del sistema educativo o una experiencia educativa poco gratificante.
Adicionalmente, un conjunto de problemas limita o impide el acceso y permanencia de niños, niñas y adolescentes en la escuela. La pobreza extrema, el trabajo infantil, la violencia hacia niños y niñas, las discapacidades, el embarazo y la maternidad precoz, entre otros, son algunos de estos factores. La extra edad se agudiza en la adolescencia y, finalmente, lleva al abandono definitivo del proceso educativo, que reproduce situaciones de pobreza y exclusión social.
La educación pública en el Perú está orientada al desarrollo de “capital humano”; se entiende que la calidad de la educación se debe expresar en el logro de buenos resultados en pruebas estandarizadas globales diseñadas según las necesidades del mercado, pero que no consideran la formación crítica y ciudadana de niños, niñas y adolescentes.
El sistema educativo, además de los logros en las áreas del conocimiento, debe orientarse a la promoción de la dignidad humana, el fortalecimiento del respeto de los derechos y las libertades fundamentales, la participación efectiva en una sociedad libre, así como a la promoción de la convivencia democrática. Esto implica un énfasis en la educación en derechos humanos, para la ciudadanía, con enfoque de género, que reconozca las diversidades y la sexualidad como ámbito de ejercicio de derechos; en la protección del medioambiente y la preparación para el trabajo digno. Esta educación no sólo implica los aspectos teóricos o los conocimientos necesarios para el ejercicio de derechos sino principalmente su práctica que, es la que se ejercita en la interacción cotidiana que se da en las escuelas e involucra a las comunidades educativas en su conjunto.
En nuestra realidad, la escuela es, por lo general, un espacio restrictivo que no toma en cuenta las necesidades de protección, afecto, entendimiento, participación y libertad, recreación y juego, creación, identidad, de niños, niñas y adolescentes como tampoco atiende a sus particularidades individuales; esta situación es más crítica en las áreas rurales. Esto se debe a que, aunque en el discurso el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos está presente, no se han dado los pasos ni se utilizan las estrategias para que esto sea una realidad.
Los años de pandemia han desnudado, entre otras cosas, la crítica situación de la escuela pública en el Perú. Se ha hecho evidente y se han incrementado las brechas digitales entre sectores sociales, por lo que el acceso y seguimiento de las clases virtuales fue, en muchos segmentos de la población, extremadamente difícil. Esto ha traído como consecuencia el deterioro del aprendizaje, se ha profundizado el retraso escolar y se ha incrementado el abandono y la deserción escolar.
El cierre de las escuelas hizo que los niños, niñas y adolescentes perdieran sus espacios de socialización y juego, afectando su desarrollo integral, especialmente sus habilidades sociales e interpersonales. Asimismo, la suspensión de las actividades escolares significó para millones de niños, niñas y adolescentes la pérdida de parte de los alimentos que consumían diariamente, debido a la suspensión del programa de alimentación escolar Qali Warma.
Como resultado de las pérdidas mencionadas en el párrafo anterior, y de la forma tan poco adecuada a las características y necesidades de la población en niñez y adolescencia en que se implementaron las medidas de protección frente a la pandemia, los niños, niñas y adolescentes evidencian en su conducta el incremento de problemas emocionales; hay estudiantes, familias y docentes con duelos no procesados, depresión, incertidumbre, problemas de adaptación escolar, frustración generada por el retraso escolar. Las escuelas no cuentan con recursos para la contención emocional inicial y los sistemas de salud no invierten lo suficiente en los programas vinculados a la salud mental.
Al reabrirse las escuelas, muchas de ellas han mostrado no estar aptas para el retorno de niños, niñas, adolescentes y docentes por los problemas de infraestructura preexistentes, como carencia de agua potable y saneamiento, electricidad, conexión a internet, materiales educativos, los mismos que se agravaron con el deterioro de las edificaciones, baños y demás ambientes durante el extenso período de cierre.
Adicionalmente, los problemas de violencia entre estudiantes, entre docentes y estudiante y entre docentes se han incrementado, igual que el Cyber bullying y la violencia en redes. Se evidencia la existencia de estereotipos y violencia por diferentes condiciones identitarias especialmente por la condición de migración.
Los problemas sociales agudizados por la pandemia han generado un incremento del abandono y la deserción escolar.
Si bien la educación sexual integral nunca se ha implementado en las escuelas en forma adecuada, ahora, además, está amenazada; existen normas o proyectos de normas que promueven la eliminación del enfoque de género y de educación sexual integral, el condicionamiento de la publicación de materiales educativos al consentimiento previo de madres y padres de familia desde posiciones tradicionales de comprensión de la sexualidad.
Se aprecian también problemas vinculados a la anemia y desnutrición infantil que no sólo responden a condiciones económicas deprimidas sino también a la comercialización y publicidad agresiva de alimentos no saludables dirigida a niños, niñas y adolescentes.
Frente a este panorama, el CESIP se inscribe en la promoción y defensa del derecho humano a la educación, promoviendo que las escuelas sean amigables, seguras y protectoras; sean escuelas promotoras y protectoras de derechos y, especialmente, un espacio de ejercicio práctico de todos los derechos.
Desde esta perspectiva promueve la inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes en situación de especial vulnerabilidad, su acceso oportuno, mantenimiento en la escuela y culminación exitosa del proceso educativo, aportando, a la vez, a la mejora de los procesos de enseñanza – aprendizaje, como componentes sustanciales de este derecho humano.
Para el CESIP, la escuela debe tomar en cuenta las necesidades de protección, afecto, entendimiento, participación y libertad, recreación y juego, creación, identidad de niños, niñas y adolescentes.
Promueve que las escuelas adopten políticas de protección escolar frente a la violencia, en especial para prevenir y atender las situaciones de maltrato y abuso sexual. Las escuelas deben ofertar una educación sexual integral, es decir, deben desarrollar conocimientos, capacidades y actitudes que permitan a niños, niñas y adolescentes valorar y asumir su sexualidad, en el marco del ejercicio de sus derechos y de sus responsabilidades para consigo mismos y consigo mismas y con las y los demás, en un contexto de relaciones interpersonales democráticas, equitativas y respetuosas.
Promueve que las escuelas cuenten con programas que atiendan en forma prioritaria a niños, niñas y adolescentes en especiales condiciones de vulnerabilidad, como las niñas y adolescentes mujeres, aquellos y aquellas en situación de migrantes, los y las que trabajan y que presentan mayores dificultades en el proceso educativo. En esta línea, el CESIP considera necesaria la investigación de las formas específicas en que la vulneración de derechos afecta a estas poblaciones.
Asimismo, promueve que las escuelas cuenten con planes y mecanismos de prevención y protección de sus estudiantes frente a los desastres, de acuerdo a las características de cada territorio.
Aporta al desarrollo de una gestión escolar participativa, que incluya activamente a toda la comunidad educativa, promoviendo en especial la participación de niñas, niños y adolescentes en el proceso educativo de sus escuelas.
Para el CESIP, es necesario trabajar en generar y garantizar las condiciones para el cumplimiento del derecho humano a la educación y del propósito que de este principio se desprende, por eso participa en espacios colectivos, como la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y la Asociación Nacional de Centros, a través de los cuales es posible hacer incidencia en los aspectos estructurales que obstaculizan el cumplimiento de este derecho.
En conjunto con diversos actores de la sociedad civil, hace vigilancia de las políticas públicas de educación y realiza incidencia política para la existencia de un sistema educativo que garantice la realización efectiva del derecho humano a la educación y, especialmente, que sea un espacio de ejercicio, promoción y protección efectiva de sus derechos.
Por eso en este período, además de los aspectos planteados, se considera prioritaria la incidencia social y la participación de las propias escuelas en acciones que garanticen el enfoque de género, la educación sexual integral, la prevención de embarazos adolescentes, el retorno y mantenimiento en la escuela de niños, niñas y adolescentes que dejaron de estudiar en el período de la pandemia, promover la inclusión educativa y los derechos de la niñez y adolescencia viviendo en especiales condiciones de vulnerabilidad como las niñas y las adolescentes, los y las que se encuentran en trabajo infantil o en riesgo de estarlo, los y las que sufren violencia, los y las que están en condición de migración. Todas estas acciones con la participación fundamental de los y las estudiantes para lo cual es necesario intervenir en el fortalecimiento de sus recursos personales y colectivos.
El CESIP considera necesario fortalecer la capacitación a docentes sobre la importancia del vínculo y el buen trato para promover relaciones saludables y para el aprendizaje. Es necesario considerar aquí la información y estrategias que se vienen desarrollando a través del movimiento mundial que reconoce la existencia de experiencias difíciles en la infancia y la necesidad de incorporar un enfoque sensible al trauma.
Considera también la necesidad de generar espacios para que los y las docentes puedan trabajar en su propio cuidado emocional, así como desarrollar programas de soporte y apoyo emocional a niños, niñas y adolescentes en condiciones especialmente difíciles, incluyendo a los y las migrantes y sus familiares, y a docentes.
Es necesario para el CESIP, intervenir para que la escuela promueva la alimentación segura y saludable de niños, niñas y adolescentes, así como la prevención de enfermedades (anemia, desnutrición infantil, obesidad). Igualmente, fortalecer la vinculación de la escuela con los mecanismos y organizaciones comunitarias que trabajan por la alimentación, sobre todo infantil, promoviendo que estos movimientos tengan mayor incidencia.
Es también necesario favorecer que las distintas intervenciones se alineen con la política nacional intersectorial dirigida a niños, niñas y adolescentes y los lineamientos educativos que persiguen estos mismos fines para facilitar que las propuestas y acciones puedan ser incorporadas en los planes operativos de las escuelas.